En su mayor parte, los usuarios de las redes sociales en las democracias son libres de expresar sus opiniones en línea. En España, sin embargo, no es así. Cassandra Vera, una estudiante de 21 años de la ciudad de Murcia, en el sureste de España, ha sido condenada a un año de prisión, y descalificada de funciones públicas durante siete años, después de hacer bromas en Twitter que “glorificaban el terrorismo”.
Entre 2013 y 2016, Vera publicó 13 tweets que comentaban el asesinato de Luis Carrero Blanco por parte de la banda terrorista ETA, ocurrido en 1973. Se esperaba que Blanco sucediera al dictador Francisco Franco, y fue durante mucho tiempo aliado del general. Al fallar sobre su crimen, los jueces de la Audiencia Nacional, el máximo tribunal penal de España, afirmaron que los tweets de Vera “constituyen desprecio, deshonor, descrédito, burla y afrenta a las personas que han sufrido el golpe del terrorismo”.
Cuidadito con lo que dices
Aunque las víctimas del terrorismo merecen, como señalan los jueces, “respeto y consideración”, la pena de prisión ha causado protestas en España. Este tipo de bromas se han repetido públicamente desde el día del atentado. La propia nieta de Luis Carrero Blanco ha escrito que aunque las bromas eran de mal gusto, ella tiene “miedo de una sociedad en la que la libertad de expresión puede llevar a sentencias de cárcel”.
Los jueces estaban siguiendo la ley, pero su interpretación es cuestionable. El Parlamento Europeo ha dejado muy claro que para que exista un delito de glorificación o justificación del terrorismo, debe entenderse “como una forma de conseguir apoyo para causas terroristas o de intimidar seriamente a la población“. Según el Parlamento, sólo debe ser castigada “cuando suponga un peligro de que se cometan actos terroristas”. Un guardia civil español que investigó el caso declaró que no tenía ni idea de si el perfil de Vera podía tener tales repercusiones.
¿Una ola de represión?
Vera no está sola en su convicción de tweet. Al menos 70 personas más han sido acusadas del mismo delito. El rapero César Strawberry también ha sido condenado a prisión, y a un grupo de titiriteros se les concedió la custodia sin fianza por hacer bromas sobre ETA, aunque más tarde fueron absueltos. La condena de Vera tampoco es un asunto aislado. Es otro acto en una tendencia de represión que se ha venido construyendo desde que el conservador Partido Popular (PP) ganó las elecciones parlamentarias de 2011.
En respuesta a las protestas contra la austeridad de Indignados de ese año, desde entonces el PP ha puesto mucho empeño en suprimir cualquier tipo de resistencia de este tipo, incluso se le ha acusado de crear una policía política para hacerlo.